Inter – American Defense College
Javier Navarro Ortiz
2021
La seguridad para un policía es su esencia, este concepto está fuertemente arraigado a su pensar, sentir y actuar, no obstante, debo reconocer que el concepto de seguridad multidimensional era totalmente desconocido para mí, lo que en cierta medida me cuestiona si faltó interés propio o el concepto pese a su existencia no está suficientemente interiorizado en quienes tienen parte de la responsabilidad de accionarlo y consolidarlo. De esta forma abordaré el presente ensayo haciendo un esbozo crítico de la “Declaración sobre Seguridad en las Américas”, [1] sustentada en la postura de diferentes autores; seguidamente desde la perspectiva en Colombia, basado en la experiencia y lo aprendido en clase, miraré como incide la corrupción desde sus diversas manifestaciones y actores en la seguridad; cerrando con un análisis del fenómeno migratorio sistemático por parte de población venezolana hacia nuestro país. Dos amenazas que confluyen y requieren de tratamiento diferencial; la primera, existente por mucho tiempo en Colombia y la segunda, un fenómeno no experimentado.
El concepto de seguridad multidimensional planteado como eje central en el año 2003 por parte de la OEA,[2] le otorga una especial importancia a la seguridad humana, demandando de los Estados un nuevo enfoque en la forma de enfrentar las nuevas amenazas. De allí, me surge un primer interrogante, si se trata de un realismo para reconocer las amenazas o un idealismo para resolver los problemas de inseguridad. En este sentido, Fontana nos alerta al expresar que “En el marco de este intento de distinción conceptual, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado constituyen amenazas en sentido estricto, porque en ellos hay una voluntad hostil y deliberada”.[3] Por lo tanto, para clarificar el escenario y hallar las respuestas frente a dichas amenazas, hay que fomentar la confianza, la transparencia, aumentar la estabilidad, consolidar la democracia y proteger la seguridad y la paz; por ello, urge clarificar el valor de la Seguridad Multidimensional.
Reflexionemos sobre la crítica de securitización, según lo planteado por Chillier y Freeman cuando dicen que “América Latina cuenta con un legado histórico de militarización en respuestas a conflictos internos, inestabilidad y crimen”;[4] sin embargo, estas acciones no han sido suficientes para mantener un clima de seguridad hemisférica. Por lo tanto, los estándares de análisis deben incorporar otros actores, instituciones y contextos; además, tener en cuenta, lo expuesto por Barrachina y Rial cuando expresan que “la OEA ha cometido el error político de consensuar una declaración de seguridad que reconoce la multidimensionalidad de las amenazas a la seguridad”,[5] quizás, este sea el error en la nulidad de los derechos básicos esenciales en una democracia. No obstante, hay que clarificar que ella coloca en un solo rubro de seguridad multidimensional todas las amenazas, saturando al propio Estado, el cual es superado en su capacidad de respuesta.
Debemos entender que la realidad actual exige mayor cooperación ante desafíos globales; además, brinda autonomía a los Estados y la posibilidad de priorizar sus propias amenazas, máxime como lo muestra Saint Pierre, “la región suramericana presenta un escenario bastante heterogéneo” [6] esta realidad nos aleja de la posibilidad de una agenda común, pero desde una perspectiva positivista nos obliga generar mayores esfuerzos unificados para enfrentar los problemas. Por lo tanto, se hace imperiosa la evolución de las doctrinas de seguridad para poder responder de manera adecuada a los nuevos paradigmas que afloran en la región en relación con los fenómenos de corrupción y migración.
En este sentido, abordaré mi primera LAP, vinculada al RAP 2 y 4, determinando que la corrupción es la espina dorsal que origina y agudiza otros problemas con implicaciones directas en la seguridad. Es muy rentable delinquir si los gobiernos no son efectivos en la persecución del delito; al respecto, Kaufmann expresa que “La gobernabilidad de un país se observa, no en una utópica ausencia de corrupción, sino en la firmeza y la calidad de la respuesta institucional.” [7] Por ello, debemos ser conscientes que este fenómeno pretenderá arraigarse y sin una correcta gestión de gobierno y estrategias efectivas no es viable minimizar el impacto, contenerla y erradicarla.
En Colombia, según Cardona, la corrupción se define como el conjunto de hechos mediante los cuales, funcionarios públicos y el sector privado, se valen de su poder institucional y económico, para hacer un uso ilícito de los recursos públicos en beneficio propio.[8] Conforme a lo anterior, la Constitución Política de 1991, en su artículo 267, establece que: «El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación».[9] Asimismo, el Estado crea la ley 1474 del 2011.[10] Aquí nos surge la primera reflexión, las normas por si solas no dan resultados, sino caeríamos en el populismo punitivo, por ello se requiere de instituciones sólidas y sanciones ejemplares que den un mensaje claro y desestimulen los actores, basta recordar esta paradoja con la captura en 2017 del director anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación.[11] Queda en el ambiente que se está perdiendo la batalla contra la corrupción; quizás por ello, Kaufmann expresa que “la lucha contra la corrupción nunca ha tenido éxito cuando se ha limitado a iniciativas tradicionales”.[12] Es así, que verdaderas soluciones se estancan en medio de los debates políticos, y pareciera que la corrupción no se ha constituido en un riesgo, ni en una prioridad para los gobiernos.
Es difícil desvincular la corrupción de la realidad colombiana, desde hace varias décadas, viene dando oxígeno al narcotráfico y al conflicto armado interno, en la medida en que esta práctica ha venido siendo utilizada asiduamente para alcanzar sus propósitos criminales, y todo con la anuencia de quienes tienen la obligación de hacerle frente, convirtiéndolos a su vez en agentes corruptos, lo que se traduce en un círculo vicioso. Al respecto, Acemoglu, expresa certeramente que no se comparte una enseñanza para la transformación y el bienestar,[13] sino para robar. Igualmente, Sorj y Martuccelli explican que en las bases históricas se conserva la cultura de la transgresión, donde continuamente aparecen comportamientos que carecen de lo ético,[14] como es el reflejo de nuestro país con una sociedad de doble moral. Pese a lo anterior, con una mirada optimista Colombia ha mejorado, recordando que llegó a ser considerado uno de los países más corruptos del mundo y se percibía el problema de la corrupción como uno de los principales del país, incluso por encima de la inseguridad.[15] Sin embargo, se siguen presentando hechos de corrupción de impacto; en el marco de la pandemia han sido capturados más de 10 alcaldes, investigados un ministro y 11 gobernadores.[16] Hechos aberrantes que tienen una doble lectura, la capacidad del fenómeno o la efectividad en la persecución del delito y las sanciones impuestas; cierro esta lección recordando lo visto en clase con Hamilton, la corrupción es un fenómeno global, lo que diferencia a los países desarrollados de los menos desarrollados es cómo se castiga en los primeros y los niveles de impunidad de los segundos.[17]
En la segunda LAP, vinculada al RAP 1 y 3, veremos la migración venezolana como resultado del fenómeno de corrupción de un gobierno autoritario anclado en el poder y con un particular interés económico. Venezuela en el año 2019 ocupó el primer lugar en el hemisferio según el IPC[18] y frente a la crisis migratoria solo Siria la supera[19]. En este sentido nos damos cuenta como la corrupción toma un carácter trasnacional, a pesar de cierta propensión a concebir las migraciones como un fenómeno social.
A este respecto, Rivera expresa que, a los ya reconocidos factores promotores de la migración como la pobreza, el desempleo y las catástrofes naturales, se pueden añadir los conflictos armados internos y las violencias de distinto tipo provocadas por una gran variedad de actores armados que operan en contextos geográficos y políticos.[20] Este es el caso de los migrantes venezolanos que recorren América del Sur tratando de reivindicar sus derechos.
Cuando se hace alusión al tema controversial, sale a la luz el concepto de migración y seguridad. Según Herrera y Lasso, en muchas regiones se ha extendido la apreciación de que los inmigrantes son exclusivamente responsables de la comisión de delitos del fuero común y que su presencia contribuye a la inseguridad pública y hacen énfasis en decir que “culpar al extranjero de los problemas de una sociedad también es una constante en la historia”.[21] Desconociendo que gracias a estos fenómenos se ha contribuido al desarrollo de muchos países.
Colombia bajo el principio de deber humanitario que exige la OEA, ha acogido alrededor de 1.8 millones de migrantes venezolanos[22], esta es la cruda realidad de masas humanas que buscan de manera justa un mejor futuro, y pese a que algunos de ellos vienen con intenciones criminales que vulneran la seguridad, han sido incorporados al tejido social, bajo la garantía y respeto de sus derechos. Sin embargo, esta puede ser la razón por la cual, Tilly expresa que la migración desde el punto de vista práctico y ético es uno de los problemas más viejos del análisis político y social de los pueblos que aflige a los países con regímenes autoritarios,[23] que desborda el control y afecta la seguridad de los países. Por ello, debemos entender y gestionar la crisis migratoria para mitigar el impacto en las diferentes dimensiones y su afectación a la seguridad.
Dado a lo anterior, se obliga a un cambio en el objeto referente de la seguridad hemisférica, atendiendo a ello, Blackwell esboza que este tipo de amenaza escapa al control del Estado y genera una trato caótico entre individuos e instituciones, es allí, donde la delincuencia organizada trasnacional aprovecha la situación para utilizar los migrantes a su favor;[24] explicando que la solución al problema no tiene que ver con el aumento de pie de fuerza, o con robustez el sistema penal y judicial para los delitos; se requiere crear una política de seguridad eficaz, a través del fortalecimiento de las instituciones.
En fin, las respuestas no son únicas. En primer lugar, es evidente que nuestras fronteras sean escenarios de conflicto e inseguridad y que gran parte de estas masas humanas busquen suplir las necesidades básicas de salud, trabajo y educación. Sin embargo, lo seductor de las ayudas por parte de los organismos estatales y las posibilidades de permanencia están actuando como elementos de encanto, perturbando las relaciones internacionales, alterando la economía e incorporando más sujetos a las estructuras delincuenciales. Pese a las crisis sociales fruto de la relación entre migraciones y seguridad, las estrategias deben asegurar las normas en materia de política migratoria, fortalecer las instituciones y asegurar que este fenómeno sociopolítico no afecte la seguridad nacional.
Finalizo concluyendo que la Declaración sobre Seguridad en las Américas, incluye nuevas amenazas a la seguridad con un carácter multidimensional, igualmente reconoce la soberanía de los Estados para identificar sus amenazas y fijar sus prioridades. Pero ineludiblemente requieren de cooperación para enfrentarlas. La corrupción es trasversal a otros problemas y tiene una fuerte incidencia en la seguridad, requiere acciones diferenciales para atacarla y de un compromiso irrestricto de todas las instituciones. Colombia viene avanzando frente al fenómeno de la corrupción, pero falta camino por recorrer para logar salir de la media mundial frente al IPC, lo cual puede ser posible priorizando el problema y atacando con efectividad desde su raíz en el marco de los procesos democráticos. La crisis migratoria venezolana ha tenido amplia repercusión en Colombia, el delito ha tenido efectos trasnacionales derivado de procesos sistemáticos de corrupción por parte de un gobierno autoritario como el de Venezuela.
[1] Organización de los Estados Americanos, Declaración sobre Seguridad en las Américas (Ciudad de México: Conferencia especial sobre seguridad, 2003).
[2] Organización de los Estados Americanos.
[3] Andrés Fontana, Nuevas amenazas: implicancias para la Seguridad Internacional y el empleo de las Fuerzas Armadas «103_fontana.pdf», accedido 20 de diciembre de 2020, http://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/1613/103_fontana.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
[4] Gastón Chillier y Laura Freeman, El Nuevo Concepto de Seguridad Hemisférica de la OEA: Una Amenaza en potencia, informe especial de WOLA (Washington DC: La Oficina de Washington para América Latina (WOLA), julio 2005), 1-13.
[5] Carlos Barrachina y Juan Rial Roade, «Los Ministerios de Defensa en América Latina y las consecuencias de la multidimensionalidad de las amenazas», América Latina Hoy 42 (2006), https://doi.org/10.14201/alh.2462.
[6] Héctor Saint Pierre, “Defensa y Seguridad” en Atlas comparativo de la defensa en América, edición 2008, ed. Marcela Donadío (Buenos Aires: Ser en el 2000, 2008), 42.
[7] Daniel Kaufmann, «algunos países latinoamericanos, pero la corrupción todavía es un obstáculo al desarrollo de la región», 2015.
[8] Martínez Cardona, Omaira, «Corrupción Y Poder, Un desafío a La Gobernabilidad». Comunicación, n.º 26 (septiembre 2020):99-109. https://revistas.upb.edu.co/index.php/comunicacion/article/view/3081.
[9] Contraloría General de la República, «Sobre La Contraloría General de la República», accedido 22 de diciembre de 2020, https://www.contraloria.gov.co/contraloria/la-entidad.
[10] Ley 1474 de 2011 – EVA – Función Pública», accedido 22 de diciembre de 2020, https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292.
[11] Casa Editorial El Tiempo, «Jefe anticorrupción de la Fiscalía le pidió 500 millones a Lyons», El Tiempo, 27 de junio de 2017, https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/capturan-al-director-anticorrupcion-de-la-fiscalia-103158.
[12] Daniel Kaufmann, 23.
[13] Daron Acemoglu, “Raíz histórica Un enfoque histórico de la función de las instituciones en el desarrollo económico”, Finanzas & Desarrollo, junio de 2003.
[14] Bernardo Sorj y Danilo Martuccelli, «Problemas y promesas: economía informal, crimen y corrupción, normas y derechos», en El desafío latinoamericano: cohesión social y democracia (Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2008). 126
[15] Martínez Cardona, 7.
[16] Ricardo Monsalve Gaviria, «Un ministro y 11 gobernadores, investigados por supuesta corrupción con recursos para prevención del Covid-19», www.elcolombiano.com, 7 de mayo de 2020, https://www.elcolombiano.com/colombia/fiscalia-investiga-a-un-ministro-y-once-gobernadores-por-corrupcion-con-recursos-de-covid-19-PO12948304.
[17] Mark D. Hamilton, «citación académica», (Seguridad Multidimensional en la Américas. Desafíos, Amenazas y Respuestas, exposiciones de grupo análisis subregional de las Américas, sesión 9 (1 de diciembre de 2020).
[18] Índice de Percepción de la Corrupción 2019 – Centro Virtual para la transparencia y la rendición de cuentas de la sociedad civil», accedido 27 de diciembre de 2020, http://www.rendircuentas.org/indice-percepcion-la-corrupcion-2019/.
[19] OEA, «OEA/SSM: La Secretaría de Seguridad Multidimensional», Informe Anual: enero – diciembre 2019, http://www.oas.org/es/ssm/template.asp?File=/es/ssm/default.asp.
[20] Fredy Rivera Vélez, «Seguridad multidimensional en América Latina», s. f., 12.
[21] Luis Herrera-Lasso, «Migración y seguridad: dilemas e interrogantes», 2011, 24.
[22] «IDM 2019: Juventud y migración: involucrar a los jóvenes como asociados fundamentales en la gobernanza de la migración», Organización Internacional para las Migraciones, 20 de febrero de 2019, https://www.iom.int/es/idm-2019-juventud-y-migracion-involucrar-los-jovenes-como-asociados-fundamentales-en-la-gobernanza.
[23] Charles Tilly, «Vista de Guerra y construcción del estado como crimen organizado | Relaciones Internacionales», 2006, https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/4866/5335.
[24]Adam Blackwell, “Seguridad Multidimensional,” (Sesión 9, Respuestas ante la Inseguridad Pública y la Delincuencia Organizada Transnacional, Washington, DC, el 1 de diciembre de 2020).
